El especialista en derecho penal, Francisco Álvarez Martínez, arremetió este jueves contra el Gobierno y su accionar ante las catástrofes que se registran en el país, calificándolo como una «debilidad estructural.
A través de su cuenta X, Martínez consideró que en estas situaciones cada órgano trabaja de manera aislada, que a su entender termina generando «incertidumbre jurídica, operativa y social».
«De nuevo sufrimos la misma debilidad estructural del Estado dominicano: la falta de un mando unificado y de criterios coherentes entre las instituciones públicas cuando se enfrentan a una catástrofe climática. En lugar de una respuesta integral, de una sola fuente, lo que se produce es una fragmentación administrativa: cada órgano actúa de forma aislada, emitiendo resoluciones, comunicados y actos administrativos inconexos que terminan generando incertidumbre jurídica, operativa y social», dicta el post.
A continuación la opinión íntegra
De nuevo sufrimos la misma debilidad estructural del Estado dominicano: la falta de un mando unificado y de criterios coherentes entre las instituciones públicas cuando se enfrentan a una catástrofe climática. En lugar de una respuesta integral, de una sola fuente, lo que se produce es una fragmentación administrativa: cada órgano actúa de forma aislada, emitiendo resoluciones, comunicados y actos administrativos inconexos que terminan generando incertidumbre jurídica, operativa y social.
En esta entrega, por ejemplo, el Poder Judicial decidió suspender las labores en algunos departamentos judiciales, pero no en otros, ignorando que muchos jueces, abogados y empleados deben desplazarse entre esas jurisdicciones. El Ministerio de Trabajo, por su parte, dictó una resolución suspendiendo las labores en las provincias en alerta roja “sin afectar los derechos ni salarios de los trabajadores”, lo que, aunque bien intencionado (¿o populista?), ignora lo dispuesto en el Código de Trabajo, así como los criterios consolidados por la jurisprudencia y la doctrina laboral dominicana.
Por ejemplo, la norma contempla como causa de suspensión el caso fortuito o de fuerza mayor, lo que encaja perfectamente en una situación como la que provoca un fenómeno natural, pero requiere formalización jurídica, no simples comunicados e incertidumbre administrativa.
La confusión aumenta cuando el propio ministro de Trabajo, desde su cuenta personal, emite una “aclaración” sobre la aplicación del teletrabajo durante la tormenta. Aunque su explicación fue oportuna, en estricto derecho no se trata de un acto administrativo formal, sino de una manifestación informal de voluntad sin valor jurídico vinculante, emitida fuera del procedimiento previsto en la norma y sin publicación oficial.
Todo eso se traduce a que los ciudadanos no saben si están obligados o dispensados de trabajar, los empleadores temen sanciones o demandas, y las instituciones operan en un limbo de competencias. Desde la óptica del derecho administrativo (y la lógica), esta dispersión vulnera principios fundamentales como la coordinación institucional, la jerarquía normativa y la seguridad jurídica.
Urge, por tanto, una reforma que establezca un sistema real y unificado que concentre la competencia para emitir disposiciones vinculantes en una sola autoridad y que obligue a los demás órganos del Estado a subordinar sus medidas a ese mando central. Esta reforma debería incluir una cláusula de “coordinación administrativa reforzada” que habilite al Ejecutivo, de forma temporal y excepcional, a suspender o limitar actividades laborales y educativas cuando la seguridad ciudadana o la infraestructura nacional estén en riesgo, garantizando compensaciones económicas razonables para trabajadores y empleadores, o por lo menos generando los baremos aplicables.
Solo una respuesta unificada y jurídicamente sólida puede preservar la confianza pública y la legitimidad del Estado en los momentos de mayor vulnerabilidad. Además de, obviamente, salvar vidas.
Mientras cada institución siga actuando como isla normativa, el país seguirá enfrentando los desastres naturales con improvisación y con la inseguridad jurídica que solo agrava sus efectos.
