El presidente Luis Abinader promulgó este martes el decreto que regula la publicidad oficial y establece los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión publicitaria con los medios de comunicación, periodistas e influencer, en medio de críticas de sectores por los gastos del Gobierno en publicidad.
La medida tiene como objetivo «impulsar la rendición de cuentas, promover la transparencia y divulgar informaciones de interés para la ciudadanía sobre los servicios públicos», de acuerdo con un comunicado de la Presidencia.
La publicidad oficial se utilizará únicamente «para cumplir objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, así como para facilitar el acceso oportuno y eficiente a información veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía», según el decreto 1-24.
En ese sentido, solo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los objetivos definidos en el propio decreto, entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales.
Asimismo, informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas, de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos o informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares.
La disposición se firmó después de unos cuatro meses de discusión con «todos los sectores» involucrados en este sector, afirmó Abinader en el acto celebrado en el Palacio Nacional.
La medida «manda un mensaje de que aquí hay que respetar los recursos del gobierno y que no deben utilizarse con fines electorales», afirmó.
El decreto forma parte de una «oleada de reformas» que realizará este año el Gobierno «para continuar controlando los gastos y que exista mucha más transparencia», añadió.
De acuerdo con el movimiento no partidista Participación Ciudadana, el Gobierno destinó el año pasado en publicidad unos 7,900 millones de pesos, la mayor cantidad invertida hasta ahora en el país.
