El conocimiento de la medida de coerción contra los implicados en la Operación Panthera 7 fue suspendido y se reprogramó para la mañana del jueves, con el fin de otorgar a uno de los acusados la oportunidad de presentarse a la audiencia acompañado de su abogado.
Este proceso judicial tiene como foco principal a siete personas, quienes son acusadas de estar involucradas en el decomiso histórico de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, uno de los más grandes realizados en el país.
Milcíades Guzmán, procurador fiscal de Santo Domingo Este, informó que un octavo implicado se entregó a las autoridades, aunque prefirió no revelar su nombre ni los detalles sobre su participación en el caso.
Guzmán destacó que el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para alcanzar los objetivos iniciales de la acusación, que incluyen la imposición de las medidas de coerción.
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Por su parte, algunos abogados defensores señalaron que las pruebas no fueron entregadas hasta la noche del lunes, a lo que Guzmán respondió que «ya se había resuelto en el tribunal sin ningún tipo de inconvenientes».
Asimismo, indicó que aunque las pruebas de la acusación fueron depositadas, se les solicitó una memoria USB con detalles específicos de las acusaciones de cada imputado, lo cual también fue solucionado.
La medida de coerción de los encartados en la Operación Panthera 7 estaba prevista para ser conocida en la Sala de Audiencias 1 de la Jurisdicción Penal de Santo Domingo Este, bajo la supervisión del Juzgado de Atención Permanente.
Según las autoridades, el 5 de diciembre de 2024 se detectó un contenedor con el número FFAU4542281 a bordo de un camión marca Mack, modelo CXU613, mientras ingresaba al puerto. El contenedor logró evadir la inspección de rayos X y la verificación manual en el control de acceso P-0, lo que sugiere la complicidad de personal del puerto, incluidos inspectores y selladores. A pesar de que el contenedor pasó por el control P-1 como un retorno vacío, en su interior llevaba paquetes de droga.
Enriquillo Luis Brito, director del Distrito Municipal de Bayahibe, figura entre los involucrados en el caso.
