El Ministerio Público agotará todas las vías procesales pertinentes para que se valoren correctamente las pruebas condenatorias contra el exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichel Dicent, por su implicación en el fraude por valor de 500 millones de pesos destapado mediante la Operación 13.
Así lo expuso este lunes el procurador adjunto Wilson Camacho en declaraciones a la prensa, quien insistió en «la existencia de un doble estándar para valorar pruebas cuando se trata de corrupción y cuando se trata de otros casos», y que ha supuesto el descargo que se dio en primer grado a Maisichel Dicent.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señaló que han presentado una apelación para corregir esa valoración errónea de la prueba y que se anule la decisión de descargo del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ya que las pruebas demuestran la culpabilidad de cada uno de los acusados en este caso.
«Nosotros entendemos que hubo incorrecta valoración de las pruebas con relación al tema de Dicent (…) y vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que esa situación sea corregida y sean valoradas correctamente las pruebas de este proceso, que debieron ser suficientes para condenar a todos los que el Ministerio Público acusó», dijo Camacho.
Por este caso se han dispuesto condenas de siete y seis años de prisión, respectivamente, contra William Lisandro Rosario y Eladio Batista, que deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal.
En tanto que Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, fueron condenados a cinco años de reclusión cada uno, y Miguel Mejía y Rafael Mesa fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida.
Además del exadministrador de la Lotería Nacional, fue absuelto Edison Peralta, decisión que está siendo apelada por el órgano persecutor del delito.
El tribunal dictó las sentencias condenatorias por violación a varios artículos del Código Penal Dominicano que sancionan la asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, así como por la violación a la Ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El grupo fue enjuiciado por perpetrar el fraude mediante el sorteo de quinielas celebrado el 1 de mayo de 2021, en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas, con un monto que asciende a más de 500 millones de pesos.
En el juicio el Ministerio Público aportó más de 200 elementos probatorios, incluyendo pruebas materiales, documentales y periciales y 26 pruebas testimoniales que vinculan a los acusados en este proceso.
La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó al próximo lunes la audiencia para conocer la solicitud de apelación realizada por el Ministerio Público para que todas las partes tengan conocimiento de la misma.
