El Noveno Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo impuso una garantía económica de dos millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica a dos de los propietarios de una empresa constructora, acusados de construir un complejo habitacional en un área protegida.
La medida fue dictada en contra de Luis Miguel Alonzo Arenas y Cesarina Leonor de las Mercedes Rivera Matas de Montás, de la empresa 481 Constructora S.R.L.
Ambos fueron encontrados responsables de violar «múltiples artículos de la Ley 64-00 Sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, además de otros de la Constitución de la República», de acuerdo con un comunicado de la Procuraría General.
La constructora afectó la zona de captación hídrica de manantial que es parte del afluente del río La Yuca y la zona de humedales del Cinturón Verde de Santo Domingo, a través de la eliminación de cientos de árboles de diferentes especies en un área aproximada de 153,000 metros cuadrados que es refugio de especies botánicas y zoológicas, según la acusación.
