La Comisión de Salud y Seguridad Social de Alianza País consideró ilegal y abusiva la reducción de los montos de las cuentas de capitalización individual de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que se ejecutaron en el mes de febrero de 2022, porque constituye un despojo cometido con la complicidad de la Superintendencia de Pensiones.
Alianza País denuncia como mendaz la justificación de las AFP para reducir los montos de las cuentas de los asegurados, por apreciación de la moneda nacional frente al dólar. Así mismo esta justificación obvia que la inflación de alrededor de un 9% reduce el valor del peso dominicano, y además, el aumento de la tasa de interés dispuesto por el Banco Central que aumenta las ganancias de los negocios financiero, por lo que no se justifica la reducción de los fondos de las cuentas individuales porque no ha habido perdidas de capital, sino una reducción de la rentabilidad de las inversiones en dólares.
Alianza País exige la revocación inmediata de esta practica debido a que estos fondos están protegidos por la Ley 87-01 que manda a las AFP a “proteger la solvencia, liquidez y rentabilidad de los instrumentos financieros adquiridos”, y que “deberán responder con su propio patrimonio por los daños y perjuicios causados a los fondos de pensiones”.
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La Comisión de Salud y Seguridad Social de Alianza País declara que los artículos 85, 102, 103, 104 y 105 de la ley de Seguridad Social establecen que las AFP deben “Cubrir la diferencia entre la rentabilidad mínima definida, y que, por tanto, la Superintendencia de Pensiones debe cumplir con su función de velar por el estricto cumplimiento de la presente ley y proteger los intereses de los afiliados, abandonando su habitual postura de proteger los intereses espurios de las AFP.
Alianza País exige la reposición inmediata de los montos deducidos de las cuentas de los afiliados para que se cumpla la ley y se protejan los fondos aportados por los afiliados.
Así mismo, la Comisión de Salud y Seguridad Social de Alianza País demanda que la SIPEN establezca un mayor control de las AFP, el manejo de los fondos y se encargue de asegurar la rentabilidad de los aportes de la clase trabajadora.
