La Procuraduría General de la República a través de un informe de estadísticas reveló que en los últimos siete años alrededor de 851 personas han muerto a mano de agentes de la Policía Nacional o de miembros de las fuerzas armadas.
La información fue demostrada por la periodista Julissa Céspedes en su reciente investigación para el programa el Reporte Especial, que detalla que la cifra de 851 personas ejecutadas indica que en promedio cada dos días dos ciudadanos cayeron abatidos por esas acciones extrajudiciales.
La victimas más reciente de los agentes, es la pareja de esposos Elizabeth Muñoz y Joel Díaz ultimadas el 30 de marzo, 20 días antes, que Brandy Bautista de 17 años, muerto de un disparo realizado por un agente que perseguía a unos malhechores en el populoso sector de Villa Francisca.
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En febrero, la víctima mortal fue Francis Mercado, de 43 años ultimado de varios disparos por miembros de una patrulla mixta durante el toque de queda en Montecristi.
A este universo de ejecuciones extraoficiales, se suma la muerte del teniente coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Ramón Israel Rodríguez Cruz, de 37 años, ultimado a tiros por agente de la Policía Nacional el pasado 24 de diciembre del año pasado en Valverde.
También, está la muerte en 2016 del joven autista David Daniel Vicioso Núñez, de 32 años en Santiago, quien levantó las manos para que no lo mataran, aun así lo acribillaron, y cómo olvidar la fatídica noche de marzo del 2008 cuando un agente le quitó la vida a cuatro personas tras la muerte del Coronel Galis Manuel Cordero Rodríguez.
El anuncio de un plan de seguridad ciudadana realizado por el presidente Luis Abinader se ha visto manchado por el accionar de la Policía Nacional, quienes en esta última semana ultimaron a una pareja de esposos en Villa Altagracia, pero estas, no son las únicas víctimas de la acción legal.
Asimismo, el mandatario juramentó el martes un grupo de trabajo para la transformación de la Policía Nacional, donde aseguró que en este proceso de cambio podrían presentarse obstáculos para el Gobierno, pero que esas acciones no lo harán desmayar ante sus intenciones de proporcionar seguridad a la población.
El grupo está formado por 20 miembros, representantes de la sociedad civil, los Derechos Humanos, el sector empresarial, la Iglesia y presidido por Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). La comisión será dependencia del Ministerio de Interior y Policía, y tiene como objetivo velar por una transformación, y evaluar a los miembros.
